En los últimos días nos encontramos con una seguidilla de noticias vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia.
27 de diciembre: El Tribunal Oral Federal de La Pampa le otorgó la libertad condicional al condenado por delitos de lesa humanidad Carlos Roberto Reinhart.
Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto 138.
31 de diciembre: La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a 13 represores de la última dictadura militar en Argentina por crímenes de lesa humanidad. El juicio se realizó en 2019 y fue el segundo juicio que se hizo en la provincia en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El médico Máximo Alfredo Pérez Oneto es el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad y esta ratificación de la Corte implica que será el único de la serie que irá efectivamente a la cárcel, porque el resto ya tiene libertad condicional, está en prisión domiciliaria o cumplió porciones de la sentencia en cárcel común.
Trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti denunciaron que el Gobierno cerrará la entidad y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reciben telegramas de despido.
4 de enero: Miles de personas participan de un festival en la exESMA para repudiar los despidos y los avances contra las políticas de derechos humanos.
5 de enero: La Asociación Americana de Juristas denunció la remoción de placas que recuerdan el Juicio a las Juntas Militares de 1985, ubicadas en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia.
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